¿Pueden los sistemas sanitarios evitar el tráfico de órganos?
Se calcula que alrededor de 10.000 trasplantes (el 8% de los trasplantes que se realizan cada año en el mundo) se realizan bajo alguna forma de comercialización, aunque en la práctica se desconoce su alcance real. Los pacientes ricos que viven en países con insuficiencia de órganos viajan en busca de un trasplante a otros lugares donde la legislación contra la compra-venta de órganos es inexistente o tiene grandes lagunas. Los donantes vivos, generalmente viven en países pobres y frecuentemente son víctimas de explotación y coerción, convirtiéndose en la fuente más frecuente de órganos para el turismo de trasplante.
El tráfico de órganos a menudo está relacionado con
el crimen organizado internacional, que se aprovecha de la pobreza y
vulnerabilidad de los donantes, que surgen en el contexto de la incapacidad de
los países para hacer frente a las necesidades de órganos de sus pacientes. Se
trata de un negocio que explota a las personas más pobres del planeta, pudiendo
generar unos beneficios ilegales que superan los 1.200 millones de dólares
cada año.
No es ética ni moralmente tolerable impulsar una propuesta de
incentivos o comercialización de órganos y tejidos humanos. Aun
conociendo la existencia de lucro en el proceso intermedio, entre el
donante y el receptor, obtenido por las casas farmacéuticas, transporte,
preservación, tecnología, etc., la liberalización de un mercado de
órganos se sumaría a los procesos de desigualdades e inequidades ya existentes en
los sistemas de salud con un enfoque de mercado. Se trata de un problema de
justicia, de equidad. Si las necesidades de salud de los ciudadanos
estuvieran cubiertas, no existiría la posibilidad de que se hicieran ofertas
irresistibles de dinero a cambio de órganos.
A través de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT)
nuestro país participa desde hace tiempo en numerosas iniciativas
internacionales para combatir lo que se ha considerado como una nueva forma de
esclavitud: la Declaración de Estambul, la Resolución de Madrid de la OMS, y el Convenio de Santiago de Compostela contra el tráfico de
órganos. La represión del tráfico ilegal de órganos refuerza una
lucha que tiene muchos frentes abiertos, en los que los profesionales y
los sistemas sanitarios tenemos un papel clave. Esto es así en la lucha
contra el tráfico de órganos y contra el turismo de trasplante. La
exportación del modelo español de trasplantes a otros países, especialmente del
continente americano (más próximos culturalmente a nosotros), probablemente sea
una de las mejores herramientas para acabar con esta lacra.
El sistema de donación y trasplantes no puede ser un
elemento aislado dentro del sistema sanitario según Rafael
Matesanz, fundador de la ONT, sino que forma una parte muy importante del mismo
y refleja sus virtudes y sus carencias. De hecho, refleja el grado de
atención sanitaria que recibe la población, y el grado de cohesión y
solidaridad de la sociedad.
Por tanto, se requiere la combinación de procedimientos de actuación
clínica así como de gestión sanitaria, dentro un Sistema Nacional de Salud, de
cobertura universal y con unas altas prestaciones sanitarias. Por muchas
medidas de coordinación o de gestión que se hagan, es muy difícil convencer a
la mayoría de la gente de que done sus órganos si previamente no se le asegura
que él o sus familiares los podrían recibir igualmente en caso de necesidad sin
que barreras raciales o económicas se interpongan. Lógicamente esto se produce
en el marco de unas condiciones de desarrollo económicas y sociales mínimas. Es
en este contexto donde se desarrollarían programas de trasplantes eficientes,
con posibilidad de evitar el tráfico de órganos.
Desarrollo social, desarrollo de sistemas nacionales
de salud, y desarrollo de programas de donación y trasplante: esta es la secuencia que podría hacer desaparecer el
tráfico de órganos en el futuro.
Esperemos que un trasplante nos
permita seguir escuchándote…
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